La respuesta corta: entre 60 y 200 euros, más la tasa de tu comunidad
Un certificado de eficiencia energética de una vivienda normal cuesta en 2026 entre unos 60 y unos 200 euros, más la tasa de registro de la comunidad autónoma, que va de 0 a algo más de 85 euros. Conviene decirlo de entrada: ninguna de esas cifras es oficial. No hay estadística pública del precio del certificado; lo que circula son tarifas de empresas, plataformas de presupuestos y estudios de consumidores.
Eso no es un descuido del sistema: es lo que la ley quiere que pase, y entenderlo es la mitad de la respuesta a por qué unos piden 45 euros y otros 180 por el mismo piso.
Por qué no existe —ni puede existir— una tarifa oficial
Hasta 2009, los colegios profesionales publicaban baremos de honorarios que servían de referencia. La Ley 25/2009 —la «Ley Ómnibus»— dio nueva redacción al artículo 14 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, que hoy dice literalmente:
«Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta.»
Esa excepción es estrecha y ajena a esto: permite criterios orientativos «a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados». La ley entró en vigor el 27 de diciembre de 2009.
Consecuencia práctica: desde hace más de quince años el precio del certificado energético es libre por mandato legal. Si alguien te enseña «la tarifa del colegio», o no existe o no debería existir. La dispersión de precios no es un fallo del mercado: es el mercado funcionando como la norma quiso.
Los precios que sí se han medido
El estudio de la OCU: hasta 100 euros de diferencia por la misma vivienda
La medición independiente más seria que hemos encontrado es la de la Organización de Consumidores y Usuarios. En su nota de prensa de 29 de agosto de 2023, la OCU dio un precio medio inferior a 90 euros en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, superior a 150 euros en Bilbao, Burgos y Ávila, y presupuestos que superaban los 200 euros. Para una misma vivienda, la diferencia entre el más barato y el más caro pasaba de 100 euros.
El estudio es de 2023, así que sus importes son orden de magnitud, no precio de hoy. Lo que sigue valiendo es el patrón: la variación geográfica es real y grande, y no la explica la dificultad del trabajo, que es la misma en Sevilla que en Burgos.
Las plataformas de presupuestos y las tarifas publicadas
Tres referencias más recientes, todas de fuentes privadas y con metodologías distintas:
- Cronoshare, que dice basarse en presupuestos reales de su plataforma, sitúa una vivienda de 50 a 100 m² entre 60 y 130 euros (media de 1,5 €/m²) y los chalés en 200-300 euros (actualizado el 22 de abril de 2026).
- Tinsa publica su propia tarifa: 90-135 euros para pisos de hasta 250 m², 150 euros para chalés de 250 a 500 m² y 950 euros de 3.000 a 5.000 m². Es tarifa de una empresa, no precio de mercado, de julio de 2024.
- HelpMyCash, actualizado el 31 de enero de 2026, dice que el precio medio en España «ronda los 60 euros».
Las tres se contradicen: 60 euros de media frente a 90-135 de tarifa frente a 60-130 de horquilla. No lo resolvemos, porque no hay fuente oficial con la que arbitrar; lo honesto es enseñar las tres y decir de dónde sale cada una.
La tasa de registro: el único componente con precio público
Un certificado no sirve hasta que se inscribe en el registro de su comunidad autónoma. Ese trámite sí tiene precio fijado por norma y publicado: es la parte del coste que puedes comprobar tú mismo antes de pedir presupuesto.
Dónde registrar no cuesta nada
Según la tabla que mantiene AEE Soluciones, el registro es gratuito en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla. Ahí, todo lo que te cobren es honorario técnico.
Dónde sí cuesta, y por qué las tablas que circulan no son de fiar
En el resto hay tasa, y la horquilla es amplia: desde los 4,64-9,27 euros de Baleares hasta los 86,93 euros que esa misma tabla asigna a un bloque de viviendas en Castilla y León.
Y ahora la advertencia, que es un hallazgo de este artículo: esas tablas están desactualizadas más a menudo de lo que reconocen. Lo hemos comprobado en dos casos:
- Extremadura. La ficha oficial del Registro de Certificados de la Junta de Extremadura fija la tasa en 24,07 euros (código 25015-3, modelo 050, Decreto 115/2018). La tabla del sector dice 22,90 euros.
- Andalucía. El Colegio de Arquitectos de Málaga avisó de que los importes de la Ley 10/2021 de tasas y precios públicos de Andalucía se actualizaron para 2026 (publicación de 29 de enero de 2026). Y hay dos versiones que no coinciden: 14,40 € (hasta 250 m²) y 55,21 € (más de 250 m²) en una fuente, y 14,98 € y 57,44 € en otra. No hemos podido confirmar la vigente en fuente oficial.
La regla práctica: busca la tasa en la sede electrónica de tu comunidad, no en la tabla de un blog. Es un dato público, tarda un minuto y evita que te cobren por él más de lo que vale.
Qué mueve de verdad el precio del trabajo técnico
Descontada la tasa, lo que queda es honorario. Estos son los factores que lo mueven, ordenados por peso real:
- La visita obligatoria. El Real Decreto 390/2021 obliga al técnico a realizar «al menos una visita al inmueble, con un máximo de tres meses de antelación a la emisión del certificado, para la toma de datos, pruebas y comprobaciones necesarias». Esa visita, más el desplazamiento, es el suelo real del coste.
- La superficie y el tipo de inmueble. Un piso de 80 m² en un bloque se modeliza mucho más rápido que un chalé aislado con tres orientaciones y bomba de calor. De ahí que casi todas las tarifas escalen por metros.
- La distancia. Un pueblo a 40 kilómetros de la capital tiene menos técnicos y más desplazamiento por encargo. Es probablemente lo que mejor explica las diferencias entre provincias que midió la OCU.
- Qué incluye el precio. No es lo mismo «hago el certificado» que «lo hago, pago la tasa, lo registro y te entrego la etiqueta». Dos presupuestos con la misma cifra pueden no ser el mismo servicio.
- El volumen. Quien certifica veinte pisos al mes para una inmobiliaria cobra por unidad menos que quien hace tres al año.
Lo que cambia en 2026: quién puede firmar el certificado
Este año hay una novedad normativa que afectará al precio, aunque es pronto para saber en qué dirección. El Real Decreto 659/2025, de 22 de julio, que modifica el RD 390/2021, entró en vigor el 23 de julio de 2026 y cambia el perfil de quién puede suscribir un certificado.
Hasta ahora la puerta era la titulación: arquitectos e ingenieros. El nuevo artículo 4 bis abre, para edificios existentes y obra terminada, vías adicionales: titulaciones universitarias técnicas y de ciencias, y también formación profesional o certificado profesional con competencias en eficiencia energética, en ambos casos completando módulos formativos. El artículo 4 ter exige además acreditarse mediante declaración responsable ante la comunidad autónoma antes de ejercer, válida en toda España, y se crea un registro centralizado de técnicos competentes en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Para el propietario esto significa dos cosas. Es razonable esperar más oferta de certificadores, y más oferta suele presionar los precios a la baja. Y, desde este verano, conviene comprobar que quien firma tu certificado está acreditado: la acreditación ha pasado a ser un requisito expreso y verificable, no una consecuencia implícita del título.
Por qué un certificado de 29 euros debería hacerte dudar
Si la visita es obligatoria y el desplazamiento cuesta lo que cuesta, un certificado a precio de menú del día solo cuadra si alguien se salta un paso. La OCU lo midió: el 11 % de los profesionales consultados por teléfono aceptó emitir el certificado sin visitar la vivienda. También detectó que uno de cada dos no identificó correctamente un sistema multisplit y que cerca de la mitad no concretaron las mejoras propuestas.
Un certificado sin visita es, además de un peor documento, un documento con un defecto formal. Y las sanciones en certificación energética —que están en las disposiciones adicionales duodécima y decimotercera del Real Decreto Legislativo 7/2015, no en el RD 390/2021, como todavía repiten muchas webs del sector— van de 300 a 6.000 euros. Lo desarrollamos en el artículo sobre la obligación de tener certificado para alquilar.
Cómo pedir presupuesto para comparar de verdad
Tres preguntas bastan: ¿el precio incluye la tasa y la gestión del registro, o solo el certificado?; ¿incluye la visita al inmueble, y cuándo la harías?; y ¿qué entregas: el certificado completo con anexos o solo la etiqueta? Esta última importa más de lo que parece: la etiqueta sola no trae ni el desglose por usos ni las medidas de mejora.
Lo que no hemos podido verificar
Por coherencia con el resto del blog, estas son las cautelas de este artículo. (a) No existe estadística oficial del precio del certificado energético; todas las cifras que damos son de fuentes privadas o de una organización de consumidores, y así se identifican. (b) Sobre el estudio de la OCU, sus dos páginas no cuadran del todo entre sí: la ficha del informe habla de 26 ciudades, 15 certificados reales y 171 presupuestos, mientras que la nota de prensa menciona 25 ciudades y 15 profesionales sobre 2 viviendas; los importes que citamos son los de la nota de prensa. (c) Sobre la obligación de visita del RD 390/2021, el texto literal es el mismo en todas las fuentes consultadas, pero no coinciden en el precepto: la consulta al BOE lo sitúa en el artículo 6 y una web del sector en el artículo 5.5; damos el contenido, que no se discute, y advertimos de la discrepancia de numeración. (d) Las tasas autonómicas que no hemos podido abrir en fuente oficial —todas salvo Extremadura— se citan por la tabla de sector y pueden estar desfasadas, como demuestra el propio caso extremeño. (e) Existe la referencia a una tasa de 55 euros por presentar la declaración responsable de técnico competente en Madrid, procedente de una única fuente colegial; no la hemos contrastado y no la incluimos en el cálculo del coste para el propietario.